A días de la Cuenta Pública del Presidente, conversamos sobre la necesidad de articular una colaboración público-privada desde la labor en los gobiernos corporativos.
Katia Trusich es abogada de profesión. Hoy está en los Directorios de Aguas Andinas, Cementos Bío Bío, es consejera Sofofa, y también es parte de la Red por la Acción Climática del Chapter Zero.
¿Cuáles son los principales desafíos que percibes y que hay que trabajar en la colaboración público-privada en Chile
Es fundamental lograr una coordinación efectiva entre los actores públicos y privados, considerando que cada uno tiene sus propios intereses y competencias. Esto implica superar la fragmentación y promover la colaboración en la toma de decisiones y la ejecución de proyectos. Lo anterior requiere la asignación adecuada de recursos financieros, la gestión eficiente de los mismos, así como la transparencia en el uso de los recursos. Tan importante como la transparencia y seguridad jurídica, es lograr una cultura de colaboración y confianza mutua entre los actores involucrados, para ello, es necesario superar la desconfianza histórica y fomentar relaciones basadas en el diálogo, el respeto y la reciprocidad; reconociendo que ambos sectores tienen un papel importante en el desarrollo del país, la inclusión y participación ciudadana en los procesos de colaboración.
Por otra parte, cada industria tiene sus propios desafíos en la colaboración público-privada. Por ejemplo, generar proyectos de innovación para enfrentar el cambio climático, tener un manejo conjunto de cuencas, dar cabida a los múltiples usos del borde costero, generar infraestructura crítica en energía, contenidos para la educación o tecnología para la salud, se deben enfrentar con un compromiso conjunto, liderazgo político, voluntad de diálogo y una visión de largo plazo por parte de todos los actores públicos y privados.
¿Cómo abordar la colaboración público-privada alejándose de intereses particulares o circunstanciales?
Para abordar la colaboración público-privada y alejarse de intereses particulares o circunstanciales, es necesario considerar una serie de enfoques y medidas. Establecer un marco normativo claro y ético que regule la colaboración público-privada. Esto implica desarrollar leyes, regulaciones y códigos de conducta que promuevan la transparencia, la equidad y la rendición de cuentas en todas las etapas de la colaboración.
Fomentar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, de manera que los intereses y preocupaciones de la sociedad civil se tengan en cuenta, evitando la influencia desproporcionada de intereses particulares y garantizando que las decisiones se tomen en beneficio de la sociedad en su conjunto. Así mismo, contar con evaluaciones rigurosas y objetivas de los proyectos de colaboración, considerando aspectos económicos, sociales y ambientales, ayudaría a garantizar que los proyectos sean seleccionados y ejecutados en función de su mérito y beneficio público. De la misma manera, establecer mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y comunicación de resultados, en todas las etapas de la colaboración, junto a indicadores de desempeño, garantizaría la independencia de los actores, a la vez que se promueve la equidad en las relaciones, evitando conflictos de interés, asegurando una representación equilibrada de los diferentes sectores y evitando la concentración excesiva de poder en manos de unos pocos, sean estos públicos o privados.
De implementarse estas medidas, en la colaboración público privada, se lograría mayor grado de confianza y legitimidad entre actores, lo que a su vez redundaría en garantizar que la colaboración se realice en beneficio del interés público y contribuya al desarrollo sostenible de la sociedad en su conjunto.
¿Se debe abordar en los Directorios un eje de acción para la colaboración público-privada? ¿Por qué y cómo?
Absolutamente, los directorios deben identificar áreas de colaboración que estén alineadas con la visión y los objetivos de la empresa, buscando sinergias para lograr resultados positivos tanto para la empresa como para la sociedad en general.
Es así como, la colaboración público-privada puede abrir puertas a nuevos mercados y oportunidades de crecimiento, donde los directorios deben evaluar cómo la colaboración estratégica puede permitir el acceso a recursos, innovación, conocimientos y redes de contactos que podrían ser clave para la expansión y diversificación de la empresa.
De la misma manera, la colaboración publico privada puede mejorar la reputación corporativa al demostrar un compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar social. Los directorios deben considerar cómo estas asociaciones pueden fortalecer la imagen de la empresa, generar confianza entre los diferentes actores y aumentar su licencia social para operar.
Sin duda, abordar la colaboración público-privada en los directorios requiere un enfoque estratégico que involucre la sensibilización, el análisis estratégico, la evaluación de riesgos y beneficios, la formulación de políticas y la implementación de mecanismos de monitoreo. Al hacerlo, las empresas pueden aprovechar las oportunidades de colaboración sin perder el foco que en la colaboración publico privada en busca en ultima instancias en beneficio colectivo de la sociedad, esto es no solo el crecimiento, sino sobre todo, el desarrollo social y humano.