A días de las elecciones de Consejo Constitucional –instancia en que la ciudadanía deberá escoger a las 50 personas que estarán a cargo del análisis del texto de la nueva Constitución–, Ricardo Mewes, presidente de la CPC, conversó en exclusiva con el Instituto de Directores de Chile, donde abordó los principales desafíos de los gobiernos corporativos en el proceso constituyente y el rol de los directorios y las empresas.
- ¿Qué debe esperar el mundo empresarial de esta etapa del proceso constituyente que parte con la elección del domingo?
Esperamos que este proceso constitucional en curso continúe avanzando con sobriedad y seriedad, que se escuchen todas las voces y nadie pretenda imponer su postura ni excluir al otro. Ya lo vivimos el año pasado que se quiso dejar fuera la voz de amplios sectores de la sociedad, lo que finalmente fue rechazado por la gran mayoría. Tenemos confianza en que esta vez prime la inclusión y la racionalidad para redactar un texto equilibrado y que garantice las condiciones para seguir avanzando hacia el desarrollo integral, además de posibilitar un sistema político y electoral que le dé gobernabilidad y estabilidad al manejo del país.
- ¿Qué rol recomienda que tomen las empresas en este proceso?
Las empresas y los gremios empresariales somos actores protagónicos y determinantes para la calidad de vida de las personas, de sus familias y de las comunidades en que habitan. Somos agentes de cambio que tenemos la mayor voluntad de impulsar buenas políticas públicas que generen progreso a las personas y desarrollo al país. Por eso, es importante que nuestra voz sea escuchada a través de un diálogo respetuoso, y que trabajemos para relevar el emprendimiento, la libertad, la propiedad privada, el estado de derecho, la certeza jurídica y la seguridad pública, todas condiciones habilitantes para que las empresas puedan crecer y desarrollarse, ofreciendo oportunidades concretas a las personas en cada rincón del país.
- ¿Cómo abordar desde los Directorios este proceso actual? ¿En qué fijarse?
Una buena recomendación para abordar este proceso constitucional desde los directorios es, primero, informarse bien de los temas, leyendo documentos públicos, escuchando a los expertos y abordando el análisis desde distintas visiones, para irnos formando nuestra propia opinión. Hay muchos temas políticos, sociales y económico que se relacionan y pueden afectar el quehacer empresarial en los que debemos tener una opinión formada y difundir aquellos principios que permitirán a nuestro país avanzar hacia el desarrollo sostenible.
En la segunda etapa de este proceso constitucional que se desarrollará después del 7 de mayo, habrá instancias de participación ciudadana en que la voz de la empresa puede ser escuchada (audiencias, diálogos, enmiendas a normas) y debemos estar bien preparados para ello.
- Siendo del gobierno corporativo de una empresa, ¿qué hacer ante el escenario actual?
Todos los que hoy ejercemos roles de liderazgo en la empresa y en la sociedad tenemos una gran responsabilidad en ir generando las condiciones que nos permitan profundizar el diálogo constructivo, buscando puntos de encuentro a pesar de las diferencias, para de esta manera fortalecer la confianza y lograr los acuerdos que nuestro país necesita. Hoy enfrentamos importantes desafíos en materia de seguridad pública, crecimiento económico y reformas que nos exigen actuar con mucha responsabilidad, mirada de bien común y generosidad. Hay muchas familias que no pueden seguir esperando para tener mejor salud, educación, pensiones, vivienda. Y depende de todos los actores ponernos de acuerdo para darles las soluciones que necesitan.
La tarea del gobierno corporativo es hacerse cargo de estos desafíos, propiciando la colaboración público privada. Pero también debemos comenzar por los cambios al interior de las empresas, fortaleciendo la cultura empresarial basada en la ética y la autorregulación. Para eso, debemos avanzar con actitud proactiva en instaurar la prevención, el fortalecimiento de los controles internos y la promoción de buenas prácticas. Con transparencia y consecuencia, podemos elevar los estándares y mejorar la reputación empresarial para restituir la confianza y aumentar la legitimidad de la empresa en la sociedad.